

Especialista en Estudios Culturales)
A lo largo del S.XXI venimos conociendo nuevos espacios y formas de participación, de consumo, de relaciones y de construcción de subjetividades. Trolear, machear, likear, postear, retuitear; trolls, haters, provocadores, amplificadores; Whatsapp, Instagram, Telegram son algunas de las acciones, identidades y sitios que forman parte de nuestro ecosistema cotidiano. Estamos intentando aprender a convivir entre el mundo de los vínculos interpersonales, cara a cara y el mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. También estamos aprendiendo a identificar formas de crear comunidad, de generar espacios de difusión, contención y cooperación, y de reconocer y nombrar nuevas violencias y sus vías de instalación y agentes habilitadores. En el acelerado y a veces anónimo mundo de los bits y los bytes la violencia digital crece, y en particular hacia las mujeres. Más aún si estas mujeres ejercen el oficio y el derecho de informar e informarse. El periodismo, las mujeres y la democracia son piedras en el zapato para Javier Milei y su tropa.
Desde el 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que cada 15 de septiembre sea el Día Internacional de la Democracia con el objetivo “de revisar el estado de las democracias en el mundo, fomentar los movimientos democráticos y promover la libertad, la paz y los Derechos Humanos”, publica el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. A contramano de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales el Presidente, elegido por más del 50% del voto popular en octubre de 2023, arrasa contra todo derecho adquirido: golpea, persigue, hambrea, denigra y hostiga a quien reclame por trabajo, medicamentos, tratamientos médicos, formación académica, libertad de expresión, etcétera y etcétera.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) desde el 2008 monitorea la libertad de expresión en nuestro país, y en su último informe expone que registró 75 casos de hostigamientos a periodistas hasta el 2 de agosto de 2024. Y alrededor del 40% de esos ataques provienen del Gobierno nacional; cifra a la que hay que adicionar los llevados a cabo por los gobiernos provinciales o locales, poderes judiciales, fuerzas de seguridad y otros agentes del Estado.
Por otra parte, según la consultora Ad Hoc Milei se encuentra en el primer lugar de políticos que más agredió y compartió insultos en las redes sociales, particularmente en X; y ocupa el sexto a nivel nacional antecedido por cinco cuentas de trolls. Recientemente, Amnistía Internacional manifestó en la misma línea, la existencia de un “recrudecimiento de los ataques a la libertad de expresión en la Argentina” y destacó que en lo que va de gestión del presidente libertario muchos fueron los periodistas que recibieron hostigamiento en redes sociales digitales y en los medios de comunicación.
Violentómetro digital en el periodismo argentino
La Ley Olimpia, N° 27.736 en su artículo 4 define a la violencia digital contra las mujeres “a toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, en el espacio analógico digital, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.“Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón”, cierra el artículo.
En Argentina las periodistas mujeres particularmente sufren dos modalidades de violencia: institucional (Estado nacional) y digital (redes sociales y medios digitales), y sobre todo de tipo psicológica y simbólica. La violencia institucional está contemplada en la Ley de Protección Integral contra Violencia hacia las Mujeres, N°26.485, del mismo modo que los tipos mencionados; en tanto la digital, fue agregada como modalidad tras la aprobación de la Ley Olimpia en Argentina, N°27.736.
Entre las trabajadoras de prensa que padeció violencia digital -extrema- se encuentra Luciana Peker, escritora y periodista argentina, quien debió irse del país a fines de 2023, tras recibir sistemáticas amenazas y hostigamiento por miembros de la cúpula militar generando daños a su intimidad y privacidad. Sobre ella caen nombres de peso político y militar: Francisco Oneto (Abogado de Comodoro Py), ascendido a jefe de la Fuerza Área Argentina, vía decreto firmado por Javier Mieli y Luis Petri.
“No es una broma cuando te das cuenta que la IP desde donde te denuncian sale del edificio Alas de la Fuerza Aérea Argentina”, señaló la militante feminista en la entrevista concedida a la médica y divulgadora, Sol Despeinada. Asimismo contó que los atacantes accedieron a líneas telefónicas a su nombre, en la que contenía información vinculada al caso de Thelma Fardín, en el cual tuvo participación pública y activa.
El otro caso resonante, no por ello el único, fue el de la periodista y abogada, Julia Mengolini, quien también sufrió vejaciones morales y psicológicas, tras la difusión de material de carácter sexual –realizado con IA- y discursos cargados de burlas, odio y ofensas, mediante 93 posteos en X. No olvidemos que párrafos arriba referenciamos al Jefe de Estado como el político que más insultos realizó en dicha red.
La investigadora y docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Nacional de Córdoba, Alejandra Gómez, entiende que estos ataques procuran deslegitimar las prácticas de “emancipación, empoderamiento y participación activa de las mujeres en ámbitos de poder o referentas de la vida cultural”.
La libertad de prensa, el algoritmo de la derecha y algunas posibles acciones
Prohibir la libertad de expresión y ejercer la censura son dos prácticas sistemáticas con intento disciplinador que se instala desde el aparato del Estado. Claramente la escena se intensifica entre quienes cubren temas de género, derechos humanos o política, y se redobla si son mujeres. Y en paralelo, ampliando el panorama Gabriela Yauza, militante de Ni Una Menos Santiago del Estero, evalúa que hay poca presencia de periodistas mujeres trabajando sobre política en los medios, por ejemplo, en relación a colegas varones; y lo referencia como un ejemplo de violencia por razones de género de carácter estructural.
La lógica de los medios y las redes sociales pareciera quedar sujeta a las leyes algorítmicas y de la derecha que posicionan a las mujeres periodistas, como presas de ataque, ante la ingeniería patriarcal y misógina de los grandes dueños de la palabra y el negociado megamillonario; y a la invisibilización y silenciamiento de su rol profesional.
“Si uno contesta o reproduce la violencia que quiere frenar lejos de conseguirlo, lo que hace es alimentar el algoritmo que necesita la dinámica de las redes”, entiende Gabriela Yauza. Alejandra Gómez acuerda en que la milicia digital actúa desde una lógica discursiva odiante que no debe multiplicarse. Al contrario, insiste en la necesidad de que se aborden estas violencias “desde la magnitud y la seriedad que se merecen”.
Desde la consultora Ad Hoc advierten que las violencias prosperan porque hay un contexto que lo permite a través de la dinámica conversacional que proponen trolls, provocadores y amplificadores, llevada a cabo “sin criterios compartidos de verdad (…) todo vale en este sistema de creencias fragmentadas abunda la ironía, datos sesgados, medias verdades y la agresión silvestre”. A lo que la Yauza agrega que el algoritmo no responde desde la lógica racional, sino desde la cantidad de reacciones y reproducciones, y que mientras más violento sea el mensaje más fuerte será la escalada.
En su lugar evalúa que “es más efectivo hacer una comunicación afirmativa, a través de la difusión de las leyes y herramientas”. Y Gómez, considera fundamental la existencia y presencia de editoras y comunicadoras que puedan acompañar y formar desde su labor con perspectiva de género y mirada democrática. Por su parte, la militante de Ni Una Menos enfatiza en el trabajo en conjunto desde el territorio y con las instituciones que acompañan a las víctimas desde la capacitación y la sensibilización.
Por otra parte, desde FOPEA la periodista Mónica Gutiérrez invita a que evaluemos la libertad de expresión “no solo de un plexo legal que la reconozca y respalde, sino también de un contexto que permita su ejercicio sin sufrir limitaciones y/o represalias”. Por otra parte, la investigadora cordobesa advierte que todo discurso habilita a la acción y que en la coyuntura nacional y actual se está subestimando el grado de responsabilidad de los ataques a mujeres. En esta línea llama a entender que “los discursos generan sentidos sociales y éstos generan acciones” imposibles de naturalizar.
Mientras desde los más altos rangos (de gobierno y sus socios) deslegitiman la tarea periodística y la invocan desde intereses espurios y corroen a las instituciones, desde aquí, apelamos a seguir trabajando para no naturalizar ninguna violencia. Tenemos por delante la labor de repreguntarnos, reformular y establecer entre todos códigos de convivencia responsables y respetuosos, en términos de participación ciudadana en el territorio de las redes sociales, en particular y de los medios digitales y analógicos en general, basándonos en los principios constitucionales, capaces de garantizar y ampliar los derechos.
* La Línea 144 brinda información, orientación y asesoramiento gratuito a mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en caso de violencia por razones de género.
* Ley de Protección Integral a las Mujeres, 26.485.https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26485-152155
* Ley Olimpia, 27.736
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/296572/20231023#:~:text=A%20los%20fines%20de%20notificaci%C3%B3n,Comun%C3%ADquese%20al%20Poder%20Ejecutivo%20nacional.