LA MUNICIPALIDAD ADHIRIÓ A LA BAJA DE DESCUENTOS POR CUOTA SOCIAL PARA EMPLEADOS PÚBLICOS

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La Secretaría de Economía local se alineó con la normativa provincial. Los agentes municipales podrán solicitar el cese de aportes a mutuales y cooperativas para proteger sus ingresos.

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​La Secretaría de Economía de la Municipalidad de la Capital oficializó su adhesión a la resolución del Gobierno de la Provincia que permite a los empleados públicos solicitar la baja de los descuentos en concepto de cuota social. Esta medida alcanza a las retenciones aplicadas en los haberes mensuales destinadas a asociaciones mutuales, entidades civiles sin fines de lucro y cooperativas.

​A través de la normativa interna RESOL-2026-32-E-MUNISANTIAGO-SE, el área económica estableció los lineamientos para que los trabajadores que deseen prescindir de estos servicios puedan hacerlo de manera voluntaria, priorizando la autonomía en la gestión de sus salarios.

​Requisitos y Procedimiento

​Para formalizar la solicitud de baja, los interesados deberán concurrir de forma presencial con la siguiente documentación:

  • Nota de solicitud formal.
  • Copia del DNI.
  • Último recibo de haberes.

​El trámite se recepcionará en la Subdirección de Sueldos, ubicada en el nuevo edificio de Rentas municipal (intersección de calles Jujuy y Ejército Argentino), en el horario de 9:00 a 14:30.

​Plazos y Condiciones

IMPORTANTE: Para que la suspensión del descuento impacte en el sueldo del mes en curso, la documentación debe presentarse indefectiblemente hasta el día 5 de cada mes.

​Es fundamental aclarar que la disposición garantiza la continuidad de los descuentos por deudas vigentes. Esto significa que los compromisos financieros contraídos previamente con las entidades seguirán siendo retenidos hasta su cancelación efectiva, asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales del empleado.

​Contexto de la medida

​La resolución se da en consonancia con las políticas implementadas por el Ministerio de Economía de la Provincia. Según indicaron fuentes oficiales, la iniciativa busca «proteger el poder adquisitivo de los agentes del Estado y fortalecer su autonomía en la administración de sus ingresos», entendiendo el complejo contexto económico actual como el principal motor de esta flexibilización administrativa.

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