EL GOBIERNO PROVINCIAL INCAUTÓ TONELADAS DE GRANO EN UN OPERATIVO CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS FISCALES
En el marco de una política sostenida de protección del patrimonio público y el medio ambiente, el Gobierno de la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, llevó a cabo una nueva fase de operativos estratégicos en el norte del territorio santiagueño. Las acciones judiciales se concentraron en los departamentos Copo y Alberdi, zonas consideradas críticas, donde se procedió al embargo y secuestro de una millonaria producción de soja y maíz obtenida de manera ilegal.
El procedimiento estuvo coordinado por el Fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, y se desencadenó tras detectarse reiteradas desobediencias a órdenes judiciales previamente notificadas. Según informaron las autoridades, los infractores —en su mayoría personas foráneas— persistían en la explotación clandestina de tierras fiscales, violando abiertamente las prohibiciones de desmontar y cosechar dictadas por la justicia local.
»Estas medidas buscan cortar de raíz la mecánica de enriquecimiento ilícito a expensas de los recursos públicos de todos los santiagueños», afirmaron desde el organismo oficial.
Un despliegue interinstitucional
Para garantizar el estricto cumplimiento de las leyes vigentes y evitar incidentes, se desplegó un equipo interdisciplinario que trabajó en territorio. El operativo contó con la participación de:
- Fiscalía de Estado: Representada por el cuerpo de abogados integrado por el Dr. Rodrigo Martorell Enrico y el Dr. Matías De la Rúa.
- Poder Judicial: Oficiales de Justicia encargados de ejecutar las sentencias.
- Ministerio de la Producción: Personal técnico de las Direcciones de Tierras y de Agricultura.
- Seguridad: Efectivos de la Policía Provincial.
Firmeza judicial y continuidad en 2026
El destino de la producción de granos secuestrada quedará a resguardo de la justicia mientras se avanzan en las causas correspondientes. Desde la Fiscalía de Estado fueron categóricos al advertir que no se tolerará ningún tipo de desacato a las órdenes emanadas por los magistrados provinciales.
Asimismo, se supo que los equipos jurídicos ya se encuentran evaluando la presentación de nuevas acciones tanto civiles como penales contra los ocupantes ilegales. Las autoridades ratificaron de manera oficial que este tipo de procedimientos de control y restitución de bienes del Estado continuarán desarrollándose con firmeza durante todo el año 2026.
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