La situación judicial de Manuel Adorni suma un nuevo foco de conflicto. En el marco de la investigación por presunta malversación de caudales públicos, la Justicia detectó registros que indican que el actual Jefe de Gabinete habría realizado un viaje vacacional a Aruba en diciembre de 2024, cuando todavía se desempeñaba como vocero presidencial.
De acuerdo con los datos que surgen de la Dirección Nacional de Migraciones, Adorni habría partido el 29 de diciembre de 2024 en un vuelo de línea, con una escala en Lima (Perú) a la ida y en Ecuador al regreso, permaneciendo un total de 10 días en el Caribe junto a su grupo familiar.
Contradicciones y medidas judiciales
Este hallazgo pone en jaque las declaraciones públicas del funcionario. Meses atrás, al ser consultado por el polémico viaje de su esposa a Nueva York en una comitiva oficial, Adorni aseguró que no se tomaba vacaciones desde hacía dos años. Los registros oficiales que hoy analiza la Justicia contradicen frontalmente esa afirmación.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ha tomado las riendas de la profundización de la pesquisa. En las últimas horas, solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas clave:
- Registros completos: Se requirió a Migraciones el detalle de ingresos y egresos de Adorni, su esposa Bettina Julieta Angeletti y el periodista Marcelo Grandio, desde enero de 2023 hasta la actualidad.
- Foco en 2026: Se busca determinar la logística detrás de los vuelos privados a Punta del Este realizados entre el 12 y el 17 de febrero de este año.
- Cruce de datos: La Justicia ordenó verificar si existen otros viajes conjuntos o destinos compartidos que no hayan sido declarados.
La intervención de la PIA
El dictamen de la fiscalía también solicita la incorporación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) al expediente. El objetivo es determinar si existió financiamiento irregular o uso indebido de recursos públicos en los desplazamientos del funcionario.
La causa, caratulada como “Adorni, Manuel s/malversación de caudales públicos y otro”, continúa sumando pruebas documentales que buscan esclarecer si el patrimonio y los movimientos del Jefe de Gabinete coinciden con sus ingresos y declaraciones oficiales ante la Oficina Anticorrupción.
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