La iniciativa, que busca garantizar derechos y servicios esenciales para personas con discapacidad en un contexto de recortes y demoras en los pagos, había sido aprobada en el Senado el pasado 10 de junio y luego vetada en su totalidad por el Ejecutivo el 4 de agosto, según fue publicado en el Boletín Oficial.
Con 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la oposición logró rechazar el veto presidencial. No obstante, para revertirlo de manera definitiva y convertir la norma en ley, será necesario alcanzar los dos tercios de los votos en el Senado, ya que el Presidente no puede volver a vetar un proyecto que haya sido insistido por ambas cámaras del Congreso.
En la previa de la votación, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en su cuenta de X que “el Gobierno Nacional está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”. Y agregó: “Este aumento reforzaría la cobertura en todo el país ya que aseguraría un financiamiento más justo y acorde a la realidad actual”.
La pulseada legislativa en torno a la emergencia en discapacidad se da en un marco de creciente tensión entre el Gobierno y organizaciones vinculadas al sector, que vienen reclamando por mayores recursos, la continuidad de programas y el cumplimiento en tiempo y forma de los pagos de prestaciones.
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