27 agosto, 2026

EL GOBIERNO MOVILIZA FONDOS DE ANSES PARA IMPULSAR CRÉDITOS HIPOTECARIOS POR DOS BILLONES DE PESOS

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El Ministerio de Economía licitará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad entre los bancos con el objetivo de financiar más de diecisiete mil préstamos para la vivienda con plazos mínimos de quince años y tasas reguladas.

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El Poder Ejecutivo Nacional formalizó la implementación del Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, una ambiciosa iniciativa financiera liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que inyectará dos billones de pesos en el sistema bancario. Los recursos provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y se distribuirán mediante compulsas periódicas de doscientos mil millones de pesos entre entidades públicas y privadas. Los bancos adjudicatarios asumirán la obligación legal de transformar estos depósitos en préstamos hipotecarios para el público en un plazo máximo de noventa días, una estrategia con la que el Palacio de Hacienda busca resolver la escasez estructural de fondeo a largo plazo en el mercado local.

Las regulaciones oficiales imponen condiciones estrictas para las líneas crediticias resultantes del programa, fijando una tasa de interés máxima de UVA más siete coma cinco por ciento y un tope por préstamo individual de ciento cincuenta mil UVA, una cifra que equivale aproximadamente a ciento ocho mil dólares estadounidenses según la cotización actual. Los créditos tendrán un plazo mínimo de quince años y se destinarán de forma exclusiva a la compra de primera vivienda, construcción, ampliación o refacción, proyectándose que la medida logre alcanzar a un universo de entre diecisiete mil y dieciocho mil familias en todo el territorio nacional.

Para ilustrar el impacto real del anuncio, el equipo económico presentó una simulación basada en una vivienda valuada en poco más de ciento seis mil dólares a pagar en veinticinco años, donde una tasa del UVA más siete por ciento requerirá una cuota inicial de ochocientos sesenta y cinco mil ochenta y nueve pesos mensuales ajustables por inflación. Debido a que la normativa bancaria impide que el dividendo afecte más de la cuarta parte de los salarios declarados, el grupo familiar solicitante deberá acreditar un ingreso neto mínimo de tres millones cuatrocientos sesenta mil trescientos noventa y un pesos, un umbral que analistas del sector privado ya señalan como el principal filtro de acceso para los asalariados.

La mecánica de financiamiento establece que la ANSES colocará plazos fijos en los bancos mediante dos tramos con tasas mínimas garantizadas de hasta el UVA más cuatro coma cinco por ciento, un esquema con el que el Gobierno asegura proteger los activos de los jubilados mediante el canje por instrumentos financieros rentables. No obstante, consultores financieros advierten sobre un potencial descalce de plazos para los bancos, dado que las entidades captarán depósitos estatales a un máximo de cinco años pero deberán sostener las hipotecas de los particulares por más de una década, abriendo un debate técnico sobre la sustentabilidad de la medida a largo plazo.

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