En una jornada marcada por la tensión y el hermetismo, las fuerzas de seguridad federales protagonizaron este sábado un despliegue sin precedentes en la región. Bajo las órdenes del Juez Federal Guillermo Molinari, efectivos de la Gendarmería Nacional y del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) ejecutaron una serie de allanamientos simultáneos que apuntan directamente al corazón de la Policía Federal Argentina (PFA) en la provincia.
Un operativo de gran escala
Desde las 7:00 de la mañana, de manera coordinada, se llevaron a cabo 14 procedimientos en diferentes puntos estratégicos, incluyendo la ciudad Capital, La Banda y las Termas de Río Hondo. El foco principal estuvo en la sede oficial de la PFA ubicada en la calle Absalón Rojas 345, donde los investigadores lograron el secuestro de una abrumadora cantidad de documentación, equivalente a la carga de un vehículo completo.
Los delitos que motivan la intervención judicial son de extrema gravedad:
- Asociación ilícita.
- Abuso de autoridad.
- Infracción a la Ley de Drogas (23.737).
Efectivos prófugos y posibles filtraciones
A pesar de la magnitud del despliegue, que incluyó la inspección de domicilios particulares de miembros de la fuerza, el operativo se topó con imprevistos. En un barrio del noroeste de la capital santiagueña, los gendarmes no lograron localizar a uno de los sospechosos principales.
»La situación se repitió en varios domicilios; algunos de los efectivos señalados por la justicia no se encontraban en sus viviendas al momento de la llegada de las fuerzas», confirmaron fuentes cercanas a la investigación.
Ante este escenario, el juez Molinari se encuentra ante una disyuntiva crítica: determinar si existieron filtraciones previas que permitieron la huida de los implicados o si estos deben ser declarados formalmente en condición de prófugos.
Sismo institucional
La investigación promete generar un «sismo» dentro de la estructura de seguridad regional. Con la recolección de dispositivos electrónicos y documentos clave, el DFI busca desentramar una red de corrupción interna que habría operado bajo el amparo del uniforme federal.
No se descartan nuevas detenciones y allanamientos en las próximas horas, mientras el juzgado federal analiza el material incautado para establecer el alcance real de esta presunta organización criminal dentro de la institución.
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