PROYECTO DE LEY QUE IMPULSA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Desde el bloque Juntos por el Cambio, estamos dando respuesta a las preocupaciones expresadas en campaña, e impulsando para que, desde la legislatura provincial, se generen más herramientas de derecho constitucional. La misma tomó estado parlamentario ayer martes y es el aporte de quienes nos constituimos en la verdadera oposición y que debe ser escuchada por quienes tienen la responsabilidad de gobernar las instituciones de la República . Debiendo ser estas: seguras, previsibles, transparentes, participativas y que pretende modificar la baja intensidad democrática en nuestra Provincia. Afirmo el Diputado Floridia, presidente del bloque JxC.

FUNDAMENTOS DE LA CITADA LEY
El acceso a la información, así como la publicidad de los actos de gobierno son parte constitutiva del sistema republicano de gobierno. La reforma de la Constitución Nacional de 1994, establece en su art. 75 inc. 22, jerarquía constitucional a diversos Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. En tal sentido, operan en nuestro ordenamiento jurídico la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que declara el Derecho de Petición como uno de los derechos esenciales del hombre: «Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución» El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con igual jerarquía constitucional, establecen que, entre las condiciones que deben cumplirse para que las personas puedan gozar de sus derechos civiles y políticos, «deben ser garantizados el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole» No existe en nuestra provincia, una ley de acceso a la información pública como la postulan las convenciones internacionales, por lo tanto se vulnera el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado o de sociedades anónimas con participación estatal, del Poder Legislativo y del Judicial que Esta omisión (inconstitucional) nos impide conocer, evaluar y controlar los actos de gobierno, obstruyendo o dificultando el control ciudadano que debe aplicarse. Carencia normativa nos coloca en una posición «inconstitucional» en el contexto jurídico que debe ser remediada de manera inmediata. Por estos motivos ésta iniciativa que sin dudas al convertirse en Ley será una herramienta fundamental para el mejoramiento de la calidad institucional de la Provincia.