En la tarde de ayer, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se llevó a cabo el acto fundacional de la Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina (RJJFPRA), una nueva entidad que nuclea a magistrados y magistradas del fuero penal de todas las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En representación de Santiago del Estero participaron el vicepresidente primero y presidente de la Sala Penal, Laboral y Minas del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar; el juez del Tribunal de Juicio Oral, Dr. Juan Carlos Storniolo; el juez de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, Dr. Darío Alarcón; y la jueza de Control y Garantías con Competencia Penal Juvenil, Dra. Érika Casagrande Valdueza.
Durante el acto brindaron mensajes destacadas personalidades del ámbito jurídico, entre ellos el Dr. Andrés Prefecto Ibáñez, magistrado emérito de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de España y director de Jueces para la Democracia, considerado uno de los juristas más relevantes del Derecho Penal de Iberoamérica, quien subrayó la importancia del asociacionismo judicial y el intercambio de experiencias. También hizo uso de la palabra la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, quien resaltó la trascendencia institucional de la conformación de la red.
Entre los principales postulados de la RJJFPRA se destaca el compromiso de sus integrantes con la construcción de un país más justo, a través de un Poder Judicial cercano a la ciudadanía, atento a las realidades sociales y responsable en la toma de decisiones que involucran bienes jurídicos fundamentales, tanto en la protección de las víctimas como en las resoluciones sobre personas privadas de la libertad en contextos de colapso carcelario.
Asimismo, la red promueve el deber de aplicar la formación profesional con dedicación plena en la gestión de los conflictos penales, conforme a las legislaciones procesales de cada jurisdicción y a los mandatos constitucionales; la defensa irrestricta de la independencia judicial como garantía de los derechos de la población; y la debida fundamentación de las decisiones como pilar esencial del Estado Constitucional de Derecho.
Finalmente, se planteó la necesidad de fortalecer la magistratura penal en todo el país, tanto en términos de profesionalización y formación continua como mediante la asignación de los recursos necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento del Poder Judicial, consolidando así su rol institucional.
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