En un clima de creciente tensión por el costo de los servicios públicos, el interbloque de senadores peronistas presentó este miércoles un ambicioso proyecto de ley que busca establecer un régimen de tarifas diferenciales de energía eléctrica para las diez provincias que integran el Norte Grande argentino. La iniciativa surge como respuesta a lo que los legisladores califican como un «ajuste impagable» derivado de la desregulación del sector.
Un reclamo de «justicia climática»
Los referentes de la oposición fundamentaron la propuesta en las extremas condiciones climáticas de la región. La senadora catamarqueña Lucía Corpacci calificó de «inviable» el actual esquema nacional que solo mantiene subsidios para consumos inferiores a los 150 kWh mensuales. «Con las temperaturas a las que estamos sometidos en el norte, nadie consume tan poco», advirtió, señalando la urgencia de eliminar los topes de consumo para acceder al beneficio.
Por su parte, la riojana Florencia López graficó el impacto en el bolsillo de los ciudadanos: «En diciembre de 2023 una familia pagaba 20 mil pesos; hoy esa misma boleta llega de 140 mil o 160 mil pesos. Estamos hablando de aumentos que llegan al 700%».
Detalles de la segmentación
El proyecto, que consta de 20 artículos y unifica diversas iniciativas previas, propone una segmentación basada en ingresos y no en el nivel de gasto energético:
- Usuarios de bajos ingresos: (Ingresos inferiores a una canasta básica) Subsidio del 50% en la tarifa.
- Usuarios de ingresos medios: Reducción del 35%.
- Entidades sociales: Clubes de barrio y asociaciones sin fines de lucro también recibirán beneficios para evitar su cierre.
- Usuarios de altos ingresos: (Más de tres canastas básicas) No percibirán reducciones.
Críticas al modelo oficialista
El jefe de la bancada, José Mayans, cargó duramente contra la rentabilidad de las empresas energéticas y el rol del Ejecutivo. «El Gobierno debe pedirle a los empresarios, que ya no saben qué hacer con la plata, que trabajen un poquito para la gente», disparó el formoseño, quien además apeló a la conciencia de los legisladores oficialistas para que acompañen la medida dada la situación de «emergencia».
En la misma línea, el chaqueño Jorge Capitanich vinculó la crisis tarifaria con la delegación de facultades y la Ley Bases, afirmando que el Gobierno utilizó decretos para desregular el sistema y favorecer ganancias «siderales» de las mayoristas a costa de las familias.
Alcance regional
Las provincias alcanzadas por la iniciativa son: Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Según los autores del proyecto, la ley llevaría alivio a más de 10 millones de personas, brindando una «solución estructural de largo plazo» frente a la crisis económica que atraviesan las economías regionales.
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