LA VIOLENCIA DIGITAL, UNA CUESTIÓN DE ESTADO

Las redes sociales vienen siendo la caja de resonancia de los relatos y de las experiencias más violentas que nos ha tocado vivenciar en los últimos años. Fake news, extorsión con material íntimo, sexual y privado, difamación, tergiversación de la información, espionaje, divulgación de datos personales sin autorización y más se han convertido en prácticas habituales para construir al otro como enemigo. Para que los discursos de odio y agresión se instalen, se reproduzcan y se masifiquen requieren por los menos del aparato del gobierno, de los medios de comunicación y de un grupo fiel, afiliado a la violencia que use las redes sociales como herramienta para romper el tejido social posible. 

Desde el macrismo los blancos de ataques más habituales estuvieron enfocados en quienes cobraban planes sociales, “planeros” definidos peyorativamente, y en referentes de la política, el sindicalismo y los movimientos sociales. Las mujeres y disidencias siempre estuvimos -estamos- en el top five. Y en este último año y medio del gobierno de derecha de Javier Milei los números de enemigos treparon y se ampliaron los márgenes de ataque: personas con discapacidad, familias y en particular madres de infancias y adolescencias con discapacidad, y también directamente niños, niñas y adolescentes con discapacidad; jubilados, sacerdotes, científicos, militantes políticos y sociales, periodistas, artistas, docentes, funcionarios públicos, trabajadores de todos los sectores que están siendo despedidos y recortados, vecinos autoconvocados, etcétera y etcétera. La lista de ataques creció, la magnitud de los insultos también y la figura de quien nacen resulta nunca vista en la historia de la democracia argentina.

El informe La provocación permanente, de la consultora Ad Hoc indica que en los últimos dos años el Presidente se encuentra en el primer lugar de políticos que más agredió y compartió insultos en las redes sociales, particularmente en X. Y ocupa el sexto a nivel nacional antecedido por cinco cuentas de trolls. A estos últimos los define como “usuarios de mayor intensidad en redes sociales. Son líderes digitales y deben ese lugar al propio accionar que poseen dentro de la red”. También se caracterizan por realizar publicaciones sistemáticas, con el objetivo de provocar y agredir a través de mensajes expresados con desprecio y agresividad.

Según Ad Hoc es una “minoría intensa” la que genera el contenido que consumimos. Y entre esa intensa minoría están los trolls y el Presidente. Sin temor de caer en la exageración decimos que la violencia digital es una práctica avalada y legitimada por el arco político del Estado nacional. Los trolls operan como un ejército que ataca a quien opina críticamente sobre la gestión actual, pero para que los discursos de odio salgan de la esfera íntima y masifiquen se necesita de otros dos agentes: los provocadores y los amplificadores. Los provocadores son personas legitimadas en el ámbito público, por fuera de las redes y poseen interés en temas específicos; y los amplificadores tienen legitimidad profesional, también por fuera de las redes y se caracterizan por su masividad y alcance de audiencia; los medios de comunicación son el ejemplo más claro.

Para Ad Hoc replicar los insultos posteados en las redes abona la intención primaria de los trolls de hacerse visibles y poner en agenda determinados temas y personalidades de trascendencia política. Por el contrario, apelamos a los medios de comunicación desde su responsabilidad profesional, ética y moral a que tematicen al respecto y construyan el relato evidenciando el nivel de gravedad y violación de los marcos legales vigentes, entre ellos la Ley Olimpia, N° 27.736. La cual incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 e incorpora como objeto de la ley el respeto de la “dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales”.

Los casos más resonantes por su masividad en los medios y en las redes, no por ello los únicos, han sido los de las periodistas, Julia Mengolini y María O’Donnell. A propósito mencionamos la violación del artículo 10 de la Ley Olimpia –entre otros-, el cual exige “ordenar al presunto agresor que cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia la mujer, tanto en el espacio analógico como en el digital”.

¿Es la violencia acaso la única manera posible de pensar y construir el tejido social? ¿Es el exterminio la práctica legitimada para revertir lo diverso y diferente? Entendemos que no, pero resulta cuesta arriba, agotador y desigual cuando las agresiones vienen de la cuenta oficial del Jefe de Estado y su máquina multiplicadora y habilitadora de violencias. En este contexto resulta harto necesario recalcar que no es posible escindir la figura presidencial del ciudadano Javier Milei, tal como él pretende justificar tras las sistemáticas publicaciones desbordadas de agresiones e insultos; ni tampoco es posible separar la realidad virtual mediada por las tecnologías de la información y la comunicación de la realidad física mediada por el contacto interpersonal. Ambas nos atraviesan, en ellas convivimos y nuestras subjetividades se configuran en la dualidad de esos dos territorios.

En tiempos en los que se pretende instalar la idea de que la violencia es un clima de época tenemos la labor interinstitucional de preguntarnos, reformular, establecer y aplicar nuevos códigos de convivencia responsables y respetuosos en términos de participación ciudadana, tanto en el terreno de las redes sociales como en el de los medios digitales y analógicos.

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