La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) formalizó un pedido ante el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no aplique multas a las pequeñas y medianas empresas durante el período de espera que contemplará el proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal.
Asimismo, la entidad solicitó un esquema de reducción de sanciones: si el contribuyente regulariza su obligación dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de dicho plazo, la multa debería reducirse en un 50%. De acuerdo con el planteo sectorial, la penalidad total solo debería aplicarse una vez agotadas todas las instancias previas.
Medidas de alivio frente a la crisis
Además de las flexibilizaciones en las multas, CAME requirió la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y los embargos que pesan sobre las pymes. Para facilitar la regularización de los pasivos, propusieron la creación de un plan de pagos con características específicas:
- Plazo extendido: Hasta 48 cuotas para el financiamiento de las deudas.
- Condonación de intereses: Una quita del 50% de los intereses devengados.
- Tasa subsidiada: Una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.
- Alcance: Inclusión de obligaciones vencidas al 31 de mayo de este año, planes vigentes y planes caducos.
“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago a los fines de promover condiciones que contribuyan a preservar el entramado productivo”, señaló Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.
Desde la conducción de la entidad gremial empresaria enfatizaron que estas herramientas son cruciales en el escenario económico actual, signado por un consumo deprimido y la propuesta de reforma tributaria sugerida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según expresaron, atender estos reclamos resulta indispensable para fortalecer la competitividad del sector y garantizar su desarrollo sostenible.
