El Senado de la Nación vivió una jornada clave marcada por fuertes cruces políticos, negociaciones de último minuto y decisiones de gran impacto institucional y financiero para el país. El recinto se convirtió en el escenario de debates profundos que modificaron el mapa judicial y avanzaron en el cierre de antiguos litigios internacionales.
El foco de mayor tensión se centró en la aprobación de setenta y cuatro pliegos judiciales. La controversia escaló debido a la inclusión a último momento del pliego de María Verónica Michelli para una judicatura federal en La Plata, un nombramiento que el Poder Ejecutivo pretendía retirar y que generó una fuerte interna en el oficialismo. La nominación fue defendida en Labor Parlamentaria y finalmente aprobada en el recinto con cuarenta y cuatro votos a favor, dieciocho en contra y dos abstenciones. El kirchnerismo acompañó la gran mayoría de los nombramientos, calificando el escenario previo como un reflejo de las disputas internas del gobierno, mientras que desde la gestión nacional se destacó la aprobación masiva de los cargos como un avance para el ordenamiento de la Justicia.
En el plano económico, la Cámara Alta le dio media sanción al acuerdo de conciliación con los dos últimos fondos holdouts del default de 2001, Bainbridge y Attestor Value Master Fund, por un total de ciento setenta y un millones de dólares. El proyecto, defendido por el oficialismo como un paso financiero conveniente para cerrar definitivamente los litigios en el exterior, obtuvo cuarenta votos afirmativos frente a veintidós negativos del sector justicialista, que rechazó el mecanismo por considerarlo un perjuicio para las arcas públicas. La iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
Hacia el cierre de la jornada, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad la creación de una nueva sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata y el reordenamiento de salas junto con la incorporación de un cargo de juez en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, con el objetivo de descongestionar la actividad en esas jurisdicciones. Por otra parte, el proyecto sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada no prosperó en el debate del recinto y regresó al trabajo de comisiones.
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