En un nuevo revés judicial para la Argentina, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes al Estado argentino que transfiera en un plazo de 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes Burford y Eton Park, en el marco de la causa por la expropiación de la petrolera iniciada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ejecutada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.
La decisión judicial se enmarca en el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar US$16.100 millones más intereses, y responde al incumplimiento del país de depositar una garantía solicitada por el tribunal. El presidente Javier Milei confirmó que apelará la resolución.
El fallo indica que “la República deberá transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para que inicie la transferencia de la participación accionaria a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil”.
De acuerdo con lo resuelto, la cesión de acciones serviría como forma de garantía y eventual pago del fallo judicial en contra del país. Las acciones involucradas están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, lo que complica su transferencia efectiva ya que no cotizan en Nueva York.
En un segundo fallo emitido el mismo día, la jueza también ordenó al Estado argentino ceder parte de sus acciones en YPF al fondo Bainbridge, en el marco de otra causa judicial por una deuda en default del año 2001, con un fallo estimado en unos US$100 millones.
La decisión de Preska generó sorpresa en el Gobierno argentino, ya que incluso el Departamento de Justicia de EE.UU. había recomendado en noviembre pasado rechazar el pedido de embargo por parte de los fondos litigantes, alegando implicancias diplomáticas y jurídicas por tratarse de activos bajo otra jurisdicción.
Cabe recordar que durante 2023 la Procuración del Tesoro argentino había iniciado gestiones ante el gobierno de Joe Biden para advertir sobre las posibles consecuencias internacionales de un eventual embargo. Preska, sin embargo, había requerido una garantía de cumplimiento por parte del Estado argentino, algo que finalmente no se concretó.
La medida judicial representa un fuerte golpe político, legal y económico para la Argentina, y abre un nuevo capítulo en el prolongado litigio por la nacionalización de YPF, con impacto directo en la relación del país con los mercados internacionales y potenciales inversores.
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