El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, firmó este martes un decreto que establece un conjunto de medidas de control, contención y racionalización del gasto administrativo, con el objetivo de resguardar el equilibrio fiscal y financiero del Estado provincial en el actual escenario económico.
La decisión se fundamenta en la disminución sostenida de los recursos provenientes de la coparticipación federal registrada durante 2025, a lo que se suma el impacto del contexto macroeconómico y de las políticas económicas nacionales sobre la actividad productiva y la capacidad de financiamiento de las provincias.
La normativa dispone el fortalecimiento de los mecanismos de programación, control y evaluación del gasto público, fijando pautas obligatorias de austeridad y eficiencia que alcanzan a la administración pública centralizada y descentralizada, organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado. El objetivo es garantizar previsibilidad en la gestión y asegurar la continuidad de los servicios públicos.
Entre las principales medidas, el decreto prohíbe nuevas contrataciones de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad u origen de financiamiento —incluidos programas con fondos nacionales o internacionales—, y restringe la cobertura de vacantes y designaciones, con excepción de cargos políticos específicos. Asimismo, se limita el otorgamiento de horas extras, bonificaciones e incentivos, cuya autorización quedará sujeta a la evaluación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo.
También se establece la prohibición del alquiler de vehículos y maquinarias, la restricción de convenios que impliquen erogaciones para el Estado provincial, la centralización y reducción de viáticos priorizando el uso de reuniones virtuales, y límites estrictos a los gastos en promoción, propaganda y difusión oficial. A su vez, se refuerza el control sobre fondos permanentes, subsidios, transferencias discrecionales y partidas presupuestarias especiales.
En materia de obra pública, la norma dispone que la contratación de nuevas obras y la continuidad de aquellas que aún no cuenten con adjudicación o contrato firmado serán evaluadas por el Poder Ejecutivo. No obstante, se garantiza la ejecución de proyectos vinculados a servicios esenciales como educación, salud, agua y seguridad, así como aquellos considerados prioritarios para la Provincia.
El decreto asigna responsabilidad directa a los funcionarios del Poder Ejecutivo, estableciendo que el jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios y titulares de organismos descentralizados deberán cumplir y hacer cumplir las disposiciones, bajo apercibimiento de incurrir en falta grave y la eventual instrucción de sumarios administrativos.
La medida tendrá vigencia a partir del 10 de diciembre de 2025 y por un plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga por igual período o de ser dejada sin efecto, total o parcialmente, si se superan las causas que motivaron su implementación. Desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo es asegurar una administración responsable de los recursos públicos, priorizando el impacto social y la continuidad de los servicios esenciales para todos los santiagueños.
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