En una semana de intensa actividad legislativa en el Congreso de la Nación, el senador Gerardo Zamora presentó un paquete de iniciativas que apuntan a saldar deudas históricas en materia de salud preventiva, derechos humanos y capacidad operativa del Estado en el interior del país.
Modernización de la Salud Mental: entre el derecho y la eficacia
La propuesta de mayor peso institucional es la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657). El proyecto retoma la iniciativa original de la senadora Claudia Ledesma Abdala y busca subsanar vacíos normativos que, en la práctica, han limitado la respuesta del sistema.
La reforma propone:
- Claridad institucional: Diferenciar taxativamente los centros de aislamiento (monovalentes) de los centros especializados con abordaje interdisciplinario y comunitario.
- Ampliación de la red asistencial: Habilitar internaciones tanto en hospitales generales como en centros especializados que cumplan con estándares de calidad, eliminando restricciones burocráticas que hoy obstaculizan el acceso a tratamientos urgentes.
Prevención del cáncer de piel como política de Estado
En segundo término, Zamora ingresó un proyecto de ley para que las obras sociales, prepagas y el sistema público cubran el 100% del costo de protectores solares con factor 30 o superior. Al incorporar este producto al Programa Médico Obligatorio (PMO), la iniciativa deja de considerar al protector como un producto cosmético para categorizarlo como un insumo sanitario esencial.
»El objetivo es reducir la incidencia del cáncer de piel mediante la prevención primaria, acompañada de campañas públicas de concientización sobre los riesgos de la radiación ultravioleta», destaca el documento.
Fortalecimiento institucional para Santiago del Estero
Finalmente, el legislador presentó un proyecto de comunicación instando al Poder Ejecutivo Nacional a instalar una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en la capital santiagueña, sumando una oficina en La Banda y un centro de documentación rápida.
Actualmente, la provincia no cuenta con estas dependencias, lo que obliga a ciudadanos y extranjeros a trasladarse a otras provincias para regularizar su situación. Según los fundamentos de la medida, la apertura de estas oficinas es «imperativa» dado el crecimiento demográfico, el flujo de inversiones y la expansión turística que experimenta la región, buscando así una mayor autonomía administrativa y calidad institucional para los santiagueños.
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