En una jornada marcada por la tensión política, el Gobierno nacional reafirmó hoy su decisión de no dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario.
La ratificación oficial llega tras una serie de movilizaciones masivas que congregaron a miles de docentes, no docentes y estudiantes en las principales ciudades argentinas, quienes exigen una actualización presupuestaria inmediata para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.
Desde el oficialismo argumentaron que la medida se fundamenta en la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, desestimando los reclamos de la comunidad educativa que advierte sobre una parálisis inminente de las actividades académicas y de investigación.
Por su parte, los gremios universitarios y las autoridades de las universidades públicas ya evalúan profundizar las medidas de fuerza ante la falta de una respuesta favorable a sus demandas salariales y de infraestructura.
