1 diciembre, 2021

VANDENBROELE DENUNCIO ANTE LA CIDH AL GOBIERNO DE ALBERTO FERNANDEZ

Alejandro Vandenbroele, testaferro del exvicepresidente Amado Boudou, solicitó de manera formal la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) al considerar que las nuevas autoridades del gobierno argentino ponen en riesgo su «libertad» y su «integridad física» y «moral».

Vandenbroele presentó la denuncia ante la CIDH tras poner en duda que el juez federal Ariel Lijo, a cargo de continuar con la investigación de la segunda parte del » caso Ciccone«, pueda aguantar lo que calificó como una «embestida» en su contra del «espacio político» que integra Boudou y que retornó al poder en 2019.

En el escrito que remitió a la sede de la Comisión en Washington, Vandenbroele apuntó en particular al secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y a otros «miembros del Poder Ejecutivo», como así también al flamante presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, quien afirmó que » hay sentencias basadas en testimonios complejos, como testigos comprados, como pasó en el caso [de Amado] Boudou».

Según Vandenbroele, declaraciones como las de Lugones, quien llegó al Consejo como uno de los tres representantes de los magistrados, constituirían «un claro prejuzgamiento y una coacción hacia los jueces intervinientes en una causa abierta en que se investiga el contenido de las filtraciones» de su legajo en el Programa de Protección de Testigos.

Vandenbroele, quien se acogió al régimen del «arrepentido» en noviembre de 2017, también le informó a la CIDH que renunció el viernes 21 al Programa debido a la «filtración y difusión mediática ilegal» de su legajo, lo que adujo que comprometió su «seguridad de manera exponencial» con el fin de provocar su «escarnio público» y buscar «un beneficio procesal entre condenados pertenecientes al espacio político del nuevo gobierno». Es decir, del ex vicepresidente.

Boudou consideró que Vandenbroele es «la punta del iceberg de los arrepentidos» para demostrar que el gobierno Cambiemos habría utilizado el programa de testigos protegidos «para persecución política», y se consideró víctima del llamado » lawfare» que también denunciaron la expresidenta -y actual vicepresidenta- Cristina Fernández de Kirchner, el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y Luis D’Elía, entre otros.

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